México, 9 Nov. (Notimex).- Por unanimidad los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobaron el acuerdo del Instituto Federal Electoral (IFE) que da luz verde a la destrucción de la documentación electoral del proceso electoral 2011-2012.
Quedó pendiente para una sesión posterior, cuya fecha de realización aún no está definida, el acuerdo del IFE sobre la destrucción de la documentación electoral correspondiente al proceso electoral 2005-2006.
En la breve sesión de hoy, donde los magistrados resolvieron como único asunto el recurso de apelación interpuesto por los partidos políticos que integraron el Movimiento Progresista, donde se impugna el acuerdo del Consejo General del IFE para proceder a la destrucción de la paquetería electoral, los cuatro magistrados presentes coincidieron en sus argumentos para confirmar esta resolución de la autoridad administrativa.
Al declarar infundados los argumentos de los partidos impugnantes y respaldar el proyecto de resolución preparado por el magistrado Pedro Esteban Penagos ratificaron que, en su opinión, no se contraviene la Constitución, ni se violenta el derecho al acceso a la información de lo ciudadanos.
Los partidos impugnantes basaron su recurso en dos argumentos básicos: la inconstitucionalidad del artículo 302 del Cofipe, que prevé la destrucción de la paquetería electoral una vez concluido el proceso electoral y la violación al artículo 6 de la Constitución que garantiza el derecho al acceso a la información de todos los ciudadanos.
Los magistrados del máximo tribunal electoral consideraron que el artículo 302 es plenamente constitucional al prever la destrucción de la documentación electoral una vez que ha concluido el proceso y se han resuelto todos los medios de impugnación.
Con respeto a la violación al artículo 6 que garantiza el derecho a la información, los magistrados sostuvieron que la información derivada de las boletas electorales ya está reflejada en las actas de escrutinio y cómputo que al ser públicas garantizan el respeto al derecho a la información.
Estos mismos argumentos son válidos para el proceso electoral 2005-2006, por lo cual es previsible que cuando se aborde esta controversia en una próxima, se confirme también la destrucción de las boletas electorales correspondientes a ese proceso, no obstante el exhorto emitido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
